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POLICÍAS DE CARTERO: el único móvil de la comisaría, a llevar notificaciones

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POLICÍAS DE CARTERO: el único móvil de la comisaría, a llevar notificaciones

Martín Ayala cuestiona que la Policía de Misiones reparta notificaciones y custodie funcionarios sin protocolo ni cifras públicas.

El abogado Martín Ayala sostiene que la Policía de Misiones gasta móviles, combustible y agentes en repartir citaciones judiciales y en custodiar funcionarios, sin protocolo y sin que se conozca cuántos efectivos están afectados. Su pregunta de fondo: cómo se planifica la prevención del delito sin saber con cuántos policías se cuenta.

Una colaboración que, según Ayala, "se desmadró"

La Policía trabaja con el Poder Judicial en el fuero penal: es la primera en llegar ante un delito, toma las primeras pruebas y lleva adelante la investigación. De esa relación nació la costumbre de que también entregue las citaciones. Para Martín Ayala, abogado y profesor del área de justicia de la escuela de dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones, esa buena voluntad "se desmadró".

El cuadro que describió en una entrevista con La Fragata es concreto: la comisaría tiene que afectar "probablemente el único móvil que tiene", con pocos vales de combustible y uno o dos empleados, para ir a notificar a un testigo. Mientras dura el trámite, ese móvil no patrulla.

Ayala plantea que hoy la misma citación podría resolverse con un mensaje de WhatsApp o con un llamado del secretario del juzgado, que deje constancia de la comunicación. A su juicio, esa certificación es "notificación válida y fehaciente". Es su lectura jurídica: en las fuentes consultadas no figura una norma provincial que hoy lo habilite para los testigos.

"No es la tarea para la que estudió", resumió, sobre un trabajo que definió como "casi de correo".

El proyecto existe, pero sigue siendo proyecto

El planteo tiene correlato legislativo. En septiembre de 2026, el diputado provincial Adrián Núñez (La Libertad Avanza) presentó en la Cámara de Representantes un paquete de seis proyectos sobre la Policía, bajo la consigna "que vuelvan a la calle".

Según la cobertura de Infober, uno de ellos fija 90 días para un convenio marco de digitalización de las notificaciones, de modo que los policías "dejen de recorrer los barrios entregando cédulas de papel", y prevé el regreso progresivo a la calle del personal destinado a hospitales, juzgados o notificaciones.

Ayala fue cauto con los tiempos: al momento de la entrevista, el 19 de octubre, aclaró que la iniciativa "aún es proyecto".

El antecedente judicial tampoco invita a esperar velocidad. En 2023, el Superior Tribunal de Justicia dispuso por la Acordada 161/2023 que su sistema digital fuera el único medio para las cédulas con domicilio electrónico constituido, y la suspendió poco después porque, según publicó Diario Judicial, "aún no estaban dadas las condiciones técnicas necesarias".

Custodias: quién decide y con qué criterio

La segunda crítica apunta al policía "que hace de guardaespaldas" de funcionarios. Ayala afirmó que no existe un criterio conocido: ministro, secretario, director de área o presidente de un ente pueden tener custodia, y quien decide es el jefe de Policía. "No hay un protocolo, no hay una jerarquía, no hay una justificación", dijo, y puso como ejemplo de justificación razonable una amenaza de muerte.

Durante la charla se mencionó el relato de agentes que cuidan domicilios de políticos sin saber si están adentro, con "30, 40" efectivos asignados. No es un dato oficial: es un testimonio que se escuchó en el programa, y esa falta de cifras oficiales es parte de lo que se cuestiona.

Ayala no es el único que pide el número. El 10 de septiembre, los diputados Ramón Amarilla y Miguel Núñez presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y la Jefatura, detalle qué policías custodian a diputados provinciales desde enero de 2025, quién lo dispuso y con qué vehículos, combustible y montos. La nota que lo informó no consigna cifras ni respuesta.

El proyecto de Núñez propone una regla: el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la Cámara y el del Superior Tribunal conservan su custodia; el resto, diputados incluidos, la tendría solo con orden judicial fundada en un riesgo real y acreditado, por un máximo de 90 días.

Lo que el Gobierno ya movió

En un punto de la lista de Ayala, el policía que cuida presos, el Ejecutivo provincial tomó una medida este año. En marzo de 2026, el Ministerio de Gobierno dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial custodie a los detenidos en comisarías de Posadas entre las 19 y las 7, para que los policías de guardia pasen al patrullaje. Según Canal 12, la primera etapa abarcó cuatro dependencias y 50 penitenciarios.

El problema de fondo sigue siendo grande: al presentar sus proyectos, La Libertad Avanza habló de más de 1.000 detenidos alojados en dependencias policiales de la provincia.

Ayala sumó además la cuestión salarial. Sostuvo que está "pendiente" cumplir la ley sobre la remuneración de los policías, sin precisar de qué norma se trata.

Tarea que saca al policía de la calleQué se planteaEstado según las fuentes
Notificar testigosReemplazarla por medios digitales con constancia del juzgadoProyecto de Adrián Núñez (septiembre de 2026), sin sanción al 19/10
Custodiar funcionariosOrden judicial por riesgo acreditado, máximo 90 días, salvo cuatro autoridadesProyecto presentado; pedido de informes de Amarilla sin respuesta consignada
Cuidar detenidos en comisaríasQue lo haga el Servicio PenitenciarioEn marcha desde marzo de 2026: 4 dependencias de Posadas, 50 penitenciarios, de 19 a 7

Fuentes: entrevista a Martín Ayala en La Fragata (19/10/2026), Infober, La Voz de Misiones, Canal 12 Misiones.

El dato que falta

El contribuyente misionero paga un policía para que prevenga el delito en su barrio. Si ese agente termina de mensajero de un juzgado o de guardia en la vereda de un funcionario, el vecino paga dos veces: con sus impuestos y con la cuadra sin patrullar.

Lo más revelador del planteo es lo que no se puede contestar. No hay una cifra pública de cuántos efectivos están asignados a custodias, ni un criterio escrito que explique por qué un funcionario la tiene y otro no. Sin ese número, la discusión sobre seguridad se da a ciegas. La pregunta de Ayala queda sin respuesta: "¿Cómo prevenir el delito si no sabemos con cuántos policías contamos?".