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AGUA DE LAS MISIONES: tus impuestos subsidian agua embotellada para que no se funda

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AGUA DE LAS MISIONES: tus impuestos subsidian agua embotellada para que no se funda

Misiones tiene una embotelladora estatal con $1.773 millones de presupuesto y sin balances publicados. La misma empresa cobra el agua de los pozos privados.

La provincia vende agua mineral en góndola con una sociedad del Estado que este año tiene asignados $1.773,5 millones del presupuesto y no publica sus balances. Esa misma empresa es la que mide y cobra el agua que los privados sacan de sus propios pozos. El tributarista Daniel Ricardo García lo resume en una pregunta: ¿por qué la señora del kiosco tiene que financiar una botellita que se vende?

Una botellita y una pregunta incómoda

Daniel Ricardo García, abogado tributarista, eligió el ejemplo más chico que encontró: una botella de Agua de las Misiones. Según planteó, el Estado misionero tiene que subsidiar a la empresa que la envasa porque, si no, se funde. Y esa botella compite en la góndola con marcas privadas como Villavicencio, que llega desde Mendoza sin un peso del contribuyente misionero.

«¿Por qué los impuestos, los míos, los de la señora que tiene el kiosco, los del supermercado, tienen que subsidiar un agua que se comercializa? Es una locura», dijo. No dio cifras. Tampoco propuso una receta: «No sé si hay que privatizar, concesionar; hay que estudiar el tema». Lo que pidió es revisar el subsidio.

Qué dicen los números que se consiguen

La marca pertenece a Aguas Misioneras Sociedad del Estado, creada por la Ley I N.° 149, que la Legislatura aprobó el 29 de octubre de 2009. Tiene planta en San Javier y depende del Ministerio de Hacienda.

El dato de plata no sale de la empresa. Lo relevó Organigrama Misionero, un proyecto ciudadano sin vínculo con el gobierno que trabaja sobre las leyes de presupuesto: para 2026 la sociedad tiene un crédito sancionado de $1.773,5 millones, repartido entre sus dos unidades de negocio ($1.647,5 millones y $126,1 millones). El mismo registro aclara dos cosas. Una: esa cifra es el aporte de recursos públicos que le asigna la ley, no su facturación ni su resultado. Dos: no localizó estados contables publicados de ninguna sociedad del Estado provincial.

Ahí está el nudo. Que la empresa «se funde» sin el aporte es una afirmación de García que hoy nadie puede confirmar ni desmentir con un balance en la mano, porque el balance no está a la vista. Para tener escala: el mismo registro le anota a EMSA $55,7 mil millones. La embotelladora es una fracción de eso, pero el principio que discute García no cambia con el tamaño.

Vende agua y cobra la del vecino

La Ley 149 no creó solo una marca. Según la reseña que publicó El Territorio en 2014, le dio a Aguas Misioneras «plena y exclusiva competencia» para la captación, el envasado, la distribución y la comercialización de las aguas superficiales, subterráneas y pluviales de dominio público, salvo el agua potable de red. De ahí nació su segunda unidad, la que registra perforaciones, instala caudalímetros y factura un canon por el agua que usan comercios, industrias y productores.

Es lo que reclamó un espectador durante la entrevista: que a los privados con perforación en su terreno les cobran y encima les ponen medidor. El canon existe y la empresa lo defiende. Su presidente, Hernán Corrales, dijo en septiembre que «el objetivo de Aguas Misioneras nunca fue recaudatorio, sino que buscamos controlar y cuidar el recurso», y habló de facturas que van de unos $15 mil para un productor con uno o dos viveros a unos $400 mil en algunos emprendimientos turísticos.

Ese mismo mes el gobierno de Hugo Passalacqua dispuso el «canon cero»: hasta diciembre de 2027 no pagan los usuarios productivos que consuman hasta 299 metros cúbicos por mes. Los medidores siguen. Y quedaron afuera del beneficio, justamente, las embotelladoras y las fábricas de hielo, porque usan el agua como materia prima.

¿Está prohibido embotellar?

En la mesa se contó que la diputada nacional Maura Gruber (La Libertad Avanza), empresaria de Santiago de Liniers, relató en una escuela de dirigentes que hace unos años quiso habilitar una embotelladora y no la dejaron. La conclusión que se sacó ahí fue tajante: «Está prohibido».

El caso no tiene registro público que se haya podido encontrar, y el cuadro general es más matizado. En Misiones hay envasadoras privadas: cuando se presentó la unidad de control en 2014 estuvieron Ivess (Posadas), Testa (Eldorado), Avanti (Apóstoles) y Aguas Pohl (Oberá). Lo que hay, entonces, no es una prohibición general: es un privado que para embotellar depende del permiso, la medición y la factura de una empresa del Estado que vende el mismo producto. Árbitro y jugador con la misma camiseta.

Paneles solares y bonos de carbono: el mismo reflejo

García sumó dos ejemplos. El primero, la energía: en otros países el que tiene paneles le vende el sobrante a la distribuidora y en Misiones, se dijo, «no se puede». En rigor, se puede: la Ley XVI N.° 118 de Balance Neto lo habilita. Pero el propio informe de la Secretaría de Energía muestra el tamaño del asunto: al 1 de noviembre de 2024, un año después de arrancar, había 36 instalaciones terminadas, y solo 20 eran casas de familia, con el 2% de la potencia. El «kilómetro de burocracia» del que habló la mesa tiene ahí un indicio.

El segundo, los bonos de carbono. García contó el caso de un emprendedor que compra monte, lo certifica con sellos internacionales y vende créditos por su cuenta; la descripción coincide con Nideport, que certificó 138.000 créditos con Verra sobre unas 22.900 hectáreas en San Pedro. La provincia armó su propio esquema con el Decreto 2179/2024: un programa jurisdiccional que vende a la suiza Mercuria y reparte los fondos por fideicomiso. García se cuidó de no acusar: «No digo que se quiso apropiar de ese negocio en particular; digo del concepto».

El Estado en los dos lados del mostrador

Lo que planteó García o la mesaLo que muestran las fuentes
Agua embotelladaEl Estado subsidia a la empresa para que no se fundaCrédito 2026 de $1.773,5 millones (relevamiento ciudadano sobre la ley de presupuesto). Sin balances publicados
Pozos privadosLes cobran y les ponen medidorCanon y caudalímetros a cargo de Aguas Misioneras. «Canon cero» hasta 299 m³ por mes, hasta diciembre de 2027
Embotelladoras privadas«Está prohibido»Existen, bajo el control de la empresa estatal, y quedaron fuera del canon cero
Paneles solares«Acá no se puede» vender el sobranteLey de Balance Neto vigente; 20 hogares conectados en el primer año
Bonos de carbonoLa provincia se mete en lo que puede hacer un privadoPrograma provincial por decreto de 2024; proyectos privados certificados en paralelo

Un mercado donde el Estado otorga el permiso, mide el insumo, cobra el canon y además compite con marca propia no necesita prohibir nada para desalentar al que quiere invertir. Alcanza con que el competidor no tenga que rendir cuentas de lo que pierde. La defensa oficial es que se trata de cuidar un recurso estratégico, y es un argumento atendible para el canon. Para la botellita en la góndola, bastante menos.

La discusión que propone García se salda con un papel: el balance de Aguas Misioneras. Si la empresa gana plata, que lo muestre. Si pierde, el contribuyente tiene derecho a saber cuánto le cuesta cada botella.