- La escuela no puede ser un campo de batalla de poder, tiene que ser un refugio.

Un lugar donde los chicos juegan, aprenden y se equivocan sin miedo; donde los docentes trabajan con respeto, sin hostigamiento ni presión política.

Cuando en una escuela pública se naturalizan los gritos, las amenazas veladas, los “privilegios” para algunos y el silencio obligado para otros, no estamos frente a un simple problema de convivencia: estamos frente a una falla grave en la función educativa.

La autoridad escolar existe para cuidar, organizar y garantizar derechos, no para imponer obediencia a cualquier costo.

También preocupa cuando la escuela se usa como herramienta partidaria:

• rifas “obligatorias”,
• actividades que se confunden con militancia,
• decisiones que parecen premiar cercanías políticas antes que el mérito profesional.

Eso rompe la confianza de las familias, cansa a los niños, agota a los docentes y vacía las aulas:

cuando una matrícula que se acercaba a 200 alumnos hoy apenas ronda los 140, algo muy profundo se está rompiendo en ese vínculo escuela–comunidad.

No es sano que los recreos se parezcan más a una formación militar que a un espacio de juego;

no es sano que algunos docentes sientan que deben callar por miedo a represalias;

no es sano que las dudas de las familias terminen chocando contra puertas cerradas o canales “encajonados” donde nunca pasa nada.

Por eso este llamado no es un ataque personal, es un pedido urgente de revisión.

A las autoridades educativas y municipales:

escuchen a su comunidad, acérquense a las escuelas, miren a los chicos a los ojos y pregúntense qué clima están viviendo todos los días.

Y a las familias y docentes:

sigan reclamando por las vías institucionales, dejen constancia, documenten todo lo que puedan y no se resignen.

El poder, bien usado, puede transformar una escuela entera para bien.

Mal usado, la convierte en un lugar de miedo.

Y ningún niño —ningún docente— merece crecer ni trabajar así.