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Padres de Misiones: recen para que nunca les falte una Rosaura o una Natividad

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Padres de Misiones: recen para que nunca les falte una Rosaura o una Natividad

Una maestra y una preceptora de la Escuela 71 de Apóstoles denunciaron abuso y maltrato. En enero de 2026, los padres pedían que el CGE investigue.

En enero de 2026, mientras una maestra y una preceptora de la Escuela 71 de Apóstoles esperaban respuesta a sus denuncias por abuso y maltrato a chicos, el mensaje desde La Fragata fue directo a los padres: deberían estar agradecidos. Lo que no hacía el Consejo General de Educación lo habían hecho dos trabajadoras de la escuela.

Dos denuncias que nadie quería escuchar

El planteo se escuchó el 9 de enero de 2026 en El Puente, el programa de La Fragata. El caso ya circulaba en Apóstoles: Rosaura Rolón, maestra, y Natividad Rivas, preceptora, habían denunciado situaciones de abuso y maltrato en la Escuela 71. Según lo planteado al aire, una de las denuncias apunta a "una persona que abusa"; la otra, a una directora que llama "engendro" a los niños.

"No estamos diciendo pavadas acá", fue la advertencia. Y el razonamiento siguiente fue para las familias: gracias a la denuncia de Natividad, "uno no sabe qué pudo pasar más adelante". Lo que se evitó no aparece en ninguna estadística, pero existe.

Los audios y el silencio

Un día antes, el 8 de enero, La Fragata había contado la secuencia. Según ese relato, Rosaura denunció formalmente ante el área de Legales del Consejo General de Educación (CGE), acercó actas y pruebas, y después se viralizaron en la provincia audios en los que una directora denigra a chicos con capacidades diferentes. Para entonces habían pasado 23 días sin respuesta del Consejo ni del municipio.

Por eso el pedido del 9 de enero no fue de infraestructura ni de cargos: los padres, se dijo, sumaban a sus reclamos que las dos investigaciones "salgan como debe ser". La crítica fue sin vueltas contra "los inútiles del Centro Cívico", sede del poder provincial en Posadas: "No están para tapar huecos, no están para tapar abusadores, no están para tapar nada. Ellos están para que la calidad educativa de Misiones sea eso: calidad".

El miedo a tocar a alguien con cargo

El planteo apuntó a un mecanismo que en los pueblos todos conocen y pocos nombran: el temor a actuar cuando el señalado está en política o es funcionario. Según se planteó, nadie quiere hacer o decir algo porque los señalados "están en política" o "son funcionarios", y entonces no actúan.

La respuesta fue de manual moral, no de manual de procedimiento: "El camino del bien es uno solo. No hay camino gris". Y un recordatorio para el que mira de costado: hoy son los chicos de otros; mañana puede ser el hijo, el sobrino o el nieto de cualquiera.

Lo que dice la ley

La exigencia no es un capricho de padres enojados. La Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 9 que los chicos tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral, y que quien conozca malos tratos debe comunicarlo a la autoridad local.

El artículo 30 va más lejos: los miembros de los establecimientos educativos y todo agente o funcionario público que sepan de una vulneración de derechos deben comunicarla, "bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad" si no lo hacen. Dicho de otro modo: Rosaura y Natividad hicieron lo que la ley exige. La pregunta es qué hizo el organismo que debía recibir esas denuncias.

QuiénQué hizo o debía hacerSegún quién
Maestra (Rosaura)Denunció ante Legales del CGE, aportó actas, pruebas y audiosLa Fragata, 08/01/2026
Preceptora (Natividad)Denunció un caso de abusoLa Fragata, 09/01/2026
Personal escolar y funcionariosObligados a comunicar malos tratos, bajo pena de responsabilidadLey 26.061, art. 30
Consejo General de Educación23 días sin respuesta pública a enero de 2026La Fragata, 08/01/2026
PadresPiden que las dos investigaciones avancenLa Fragata, 09/01/2026

Actualización: lo que vino después

Tres días después, el 12 de enero de 2026, una docente que había denunciado abuso y maltrato en su escuela contó en el mismo programa que, tras hablar en La Fragata, le llegó una sanción del Consejo por exponer el caso, y que llevaba un año y tres meses sin respuesta ni de la Justicia ni del CGE. "No me sorprende que a Rosaura le pase lo mismo", dijo.

En febrero de 2026, la concejal y docente de Montecarlo Patricia Buckmayer, separada de sus cargos por una publicación en redes, señaló en El Puente la doble vara: según su planteo, la directora de la Escuela 71, con denuncias de maltrato a docentes y alumnos, en lugar de un sumario recibía reconocimientos. El CGE no respondió públicamente a esos señalamientos en los medios consultados, y La Fragata no encontró información oficial sobre el estado de las investigaciones.

Lectura editorial: el Estado que protege al que tiene cargo

El caso desnuda la lógica de una burocracia que se cuida a sí misma: ley que obliga a denunciar, organismo que no responde y denunciantes que terminan bajo la lupa. Cuando el que denuncia arriesga más que el denunciado, el sistema enseña una sola cosa: callarse.

Las familias de Apóstoles no pidieron otra ley ni otro programa de educación emocional. Pidieron que el Consejo haga lo mínimo: investigar. Mientras tanto, la protección de sus hijos dependió de dos trabajadoras que se animaron a hablar.