Misiones: El escándalo del agua y el monopolio intocable del transporte
Vecinos enfermos en Puerto Piray, un concejal frenado por un convenio con SAMSA y un transporte en Posadas sin auditoría externa. ¿Quién controla?
Dos servicios que el vecino paga todos los días, el agua y el colectivo, comparten el mismo problema: el que presta el servicio no rinde cuentas a quien lo usa. En Puerto Piray la sospecha es sanitaria; en Posadas, el planteo es que la caja del boleto no la controla nadie de afuera.
Puerto Piray: el agua que llegó a la Legislatura
El reclamo por el agua de Puerto Piray llegó a la Cámara de Diputados de Misiones. Según se contó en El Puente, el programa de La Fragata, del 11 de septiembre de 2026, un diputado de La Libertad Avanza planteó el tema sobre tablas en la sesión del día anterior y se pidió la intervención del EPRAC, el ente provincial que regula el agua y las cloacas.
De acuerdo con lo relatado al aire, el EPRAC ya fue y tomó muestras. Lo que se reclamaba en el recinto era otra cosa: velocidad. Que el resultado esté cuanto antes, porque, según lo planteado, mucha gente de Piray se enfermó y circula la sospecha de que el agua tendría metales pesados.
Es una sospecha, no un diagnóstico. Pero el orden de los factores es el que preocupa: primero se enferman los vecinos y después alguien sale a medir.
Cooperativas, socios y una sociedad anónima
El programa trazó una línea que ordena la discusión. Las cooperativas de agua del interior tienen que rendir cuentas a sus socios: para eso son cooperativas, y el usuario es dueño.
SAMSA, la empresa que presta el servicio en Posadas, no es una cooperativa. Y ahí aparece un ejemplo concreto. El concejal Fernando Sarsa presentó un proyecto para instalar expulsores de aire en las conexiones, un reclamo frecuente de los usuarios que sienten que el medidor también les cobra el aire de la cañería. Según se dijo al aire, el proyecto tenía los votos del Concejo.
No alcanzó. Cualquier modificación de la conexión, se explicó, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, porque el servicio se rige por un convenio entre la Provincia y SAMSA. Una mejora que se decide en la ciudad queda atada a una firma que se tomó en otro lado.
El boleto: una caja sin control externo
El segundo frente es el transporte urbano de Posadas. Según lo planteado en el programa, Sarsa también pidió que la caja del sistema SUSA, el de la tarjeta con la que se paga el boleto, que hoy está a cargo de la empresa Casimiro, pase a ser administrada por la Municipalidad de Posadas.
El argumento es simple: sería la mejor auditoría. Porque, de acuerdo con lo denunciado al aire, la empresa no tiene auditoría externa: se audita a sí misma.
A eso se suma la concentración. Según se dijo en El Puente, desde el año pasado el servicio se volvió un monopolio después de que Casimiro comprara Bencivenga, cuyos empleados pasaron a la nómina de la compradora. "Adquisición sobre adquisición", se resumió al aire. Hoy, según el programa, el transporte público de Posadas lo maneja Casimiro, del Grupo Z.
| Servicio | Quién lo presta | Quién decide los cambios | Qué se planteó en El Puente |
|---|---|---|---|
| Agua en Puerto Piray | Red local, bajo control del EPRAC | EPRAC (ente provincial) | Vecinos enfermos y sospecha de metales pesados; se pide que el análisis salga rápido |
| Agua en Posadas | SAMSA (sociedad anónima, no cooperativa) | Cámara de Diputados, por el convenio Provincia–SAMSA | Expulsores de aire aprobados en el Concejo, frenados por el convenio |
| Agua en el interior | Cooperativas | Asamblea de socios | Obligación de rendir cuentas a los socios |
| Colectivos en Posadas | Casimiro (Grupo Z), tras comprar Bencivenga | Municipio y empresa | Caja del sistema SUSA sin auditoría externa; pedido de que la administre la Municipalidad |
Cuadro elaborado con lo planteado en El Puente (11/09/2026). Las afirmaciones sobre enfermos, metales pesados y auditoría son denuncias y relatos del programa, no resultados oficiales.
El problema no es el servicio, es el blindaje
Un servicio puede estar en manos de una cooperativa, de una sociedad anónima o de un concesionario privado. Lo que lo vuelve un problema para el vecino es otra cosa: que no haya competencia ni control, y que el que paga no tenga forma de saber qué pasa con su plata.
Cuando una empresa queda sola en el mercado del colectivo y además maneja la caja del boleto sin que nadie de afuera la revise, el usuario no tiene alternativa ni información. Cuando una mejora mínima en la conexión de agua depende de un convenio firmado lejos del barrio, el Concejo que votó queda como decorado. Y cuando el control del agua llega después de los enfermos, el regulador corre detrás de los hechos.
La Fragata no encontró, al cierre de esta nota, una respuesta pública del EPRAC sobre los resultados en Puerto Piray, ni de SAMSA o de la empresa Casimiro sobre los planteos del programa. El espacio para su descargo queda abierto.
¿Quién controla a los que dicen controlar todo? La cuenta, mientras tanto, la sigue pagando el vecino.