JUSTICIA sin independencia: el examen para ser juez lo define un político
Quito, tiktoker de Eldorado, dice que la Justicia no es independiente. Qué dicen las reglas para elegir jueces y fijar su presupuesto en Misiones.
Ramiro «Quito» Barrionuevo sostiene que ningún juez será independiente mientras la política defina una parte de su examen y vote la plata de los tribunales. Las reglas le dan parte de razón: en Misiones, tres de los siete que eligen a los jueces vienen del poder político y el presupuesto judicial pasa por el Ejecutivo y la Legislatura.
Un gomero contra el sistema judicial
Ramiro «Quito» Barrionuevo, el gomero y tiktoker de Eldorado que en 2024 fue detenido en una causa por intimidación pública y amenazas por un video, llevó a El Puente una crítica de fondo: «La Justicia es una monarquía». Para él, el Poder Judicial no es independiente por dos razones concretas: cómo se elige a un juez y quién decide cuánta plata recibe.
Su diagnóstico tiene un tono de bronca, pero apunta a mecanismos que se pueden revisar uno por uno. Eso hizo La Fragata.
El examen: lo técnico y lo «conceptual»
Según el planteo de Quito, cualquier abogado con la matrícula al día puede rendir para juez, pero muchos no se presentan porque el concurso tiene «un práctico, un teórico y un conceptual», y el conceptual, dice, «lo determina un político».
Las reglas del Consejo de la Magistratura de Misiones describen tres etapas: un examen escrito (un caso práctico resuelto en computadora, en un máximo de cinco horas), un examen oral sobre esa solución y la especialidad del cargo, y una entrevista personal que evalúa la motivación del postulante, sus planes de trabajo y sus puntos de vista. El escrito es anónimo y lo corrigen tres profesores universitarios concursados. Las reglas publicadas no dicen quién califica el oral y la entrevista ni cuánto pesa cada etapa.
Ahí entra el dato que sostiene la sospecha. El Consejo misionero tiene siete miembros: un ministro del Superior Tribunal, un magistrado o funcionario judicial, dos abogados, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo. Tres de siete llegan desde la política. Al final, el Consejo arma una terna, el Ejecutivo elige y manda el pliego a la Cámara de Representantes para el acuerdo.
La entrevista, también en discusión a nivel nacional
La queja no es solo misionera. En marzo de 2026, la Corte Suprema aprobó la Acordada 4/2026, un proyecto de reglamento para los concursos del Consejo de la Magistratura de la Nación que limita la entrevista personal a 20 puntos sobre 200, con pautas tasadas, para «erradicar la posible manipulación de los resultados finales». Perfil describió esa entrevista como «la etapa más criticada del proceso» y recordó que «en varias ocasiones» alteró el orden de mérito de las ternas.
Del otro lado, la entrevista tiene defensores. En abril, el consejero Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación del Consejo nacional, la defendió como la instancia para conocer al candidato y lanzó: «tampoco creo en la meritocracia absoluta», según Diario Judicial.
La plata: quién levanta la mano
El segundo punto de Quito es el presupuesto: «¿Lo votan quiénes? Los diputados». Y propone una fórmula automática por cantidad de habitantes para que los fondos de la Justicia no dependan de quien «levanta el dedo».
La Constitución de Misiones (art. 146) dice que el Superior Tribunal «presenta anualmente al Poder Ejecutivo» el presupuesto de la administración de justicia «a fin de ser incluido en el presupuesto general de la Provincia». En los hechos, el Poder Judicial defendió su proyecto 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura el 2 de septiembre de 2025, calculado sobre lo gastado ese año más un 15 %, y la Cámara lo aprobó dentro del presupuesto general en octubre. La novedad fue que, por primera vez, el Ministerio Público tuvo una partida propia, separada de la del Poder Judicial.
Lo que Quito pide ya existe, con otra forma, en la Nación. La Ley 23.853, de 1990, asigna al Poder Judicial nacional el equivalente al 3,5 % de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central. No es por habitante, pero es un piso fijado por ley que no se negocia cada año. La Fragata no encontró una regla equivalente para la Justicia misionera.
Jueces sin plazo y denuncias con IA
Quito también plantea que los jueces tengan duración fija en sus cargos y que un colegio de la magistratura controle lo que hacen. Hoy, la Constitución provincial (art. 140) los declara inamovibles «mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones». Solo se los remueve por juicio político (los del Superior Tribunal) o por un Jurado de Enjuiciamiento donde también se sientan dos legisladores.
Mientras tanto, contó cómo se defienden él y su entorno: usan inteligencia artificial para redactar denuncias contra los tribunales federales de Comodoro Py, las mandan por correo y después ven en qué cámara caen. Según su planteo, la Justicia funciona para perseguir a quienes critican al poder y no para frenar la corrupción. Es su denuncia: no hay fallo que lo acredite.
| Lo que plantea Quito | Lo que dicen las reglas | Fuente |
|---|---|---|
| El «conceptual» del examen lo define un político | Escrito anónimo corregido por 3 profesores; oral y entrevista sin calificador ni peso publicados; 3 de los 7 consejeros vienen del Ejecutivo y la Legislatura | Consejo de la Magistratura de Misiones |
| El presupuesto judicial lo votan los diputados | El STJ lo presenta al Ejecutivo y entra en la ley de presupuesto que vota la Cámara (2026: lo ejecutado más 15 %) | Constitución de Misiones, art. 146; Poder Judicial de Misiones |
| Fórmula automática para la plata de la Justicia | En la Nación rige un 3,5 % de los recursos de la Administración Central (Ley 23.853) | Infoleg / argentina.gob.ar |
| Jueces con mandato fijo | Inamovibles mientras observen buena conducta | Constitución de Misiones, art. 140 |
| La entrevista abre la puerta a la discrecionalidad | La Corte propuso limitarla a 20 de 200 puntos (Acordada 4/2026) | Boletín Oficial, 27/03/2026 |
Lectura editorial
El reclamo de Quito llega con insultos y bronca, pero la pregunta es seria: ¿puede controlar al poder quien depende del poder para entrar y para cobrar? Un sistema donde la política se sienta en la mesa que elige jueces, elige de la terna, da el acuerdo y además vota la plata no necesita corrupción para ser dependiente: le alcanza con el diseño. Límites claros, puntajes públicos y un piso presupuestario fijado por ley no son un capricho de un tiktoker de Eldorado: son lo que la propia Corte Suprema le está pidiendo al Consejo nacional.