EMSA: La deuda explotó a $12.000 millones y la pagás vos con boletas impagables
EMSA es una SAPEM que controla el Estado misionero: recibe $55.747 millones en 2026, le borraron $90.000 millones con CAMMESA y la boleta no baja.
Energía de Misiones tiene forma de sociedad anónima, pero su dueño, su caja y sus directivos son del Estado provincial. En La Fragata se denunció que su deuda pasó de 400 millones a 12.000 millones de pesos; el Presupuesto 2026 le asigna otros 55.747 millones y la Nación aceptó borrarle unos 90.000 millones con CAMMESA. El usuario sigue con cortes y boletas caras.
Una sociedad anónima que no se parece a una empresa
Energía de Misiones S.A. (EMSA) es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM). La figura confunde a propósito: por fuera tiene el ropaje de una empresa comercial, con directorio, balance y acciones; por dentro, el capital pertenece casi entero a la provincia de Misiones, que ejerce el control absoluto y designa a sus autoridades.
Según lo planteado en el programa El Puente, el reparto es de 99% para el Estado provincial y 1% para una minoría de la que nunca se habla. La conclusión fue directa: el que manda en la eléctrica es el poder político que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, el espacio que conduce Carlos Rovira.
La prueba más reciente está a la vista. Desde julio de 2026, EMSA la preside Julio César "Chun" Barreto, intendente de Montecarlo en uso de licencia, designado por el gobernador Hugo Passalacqua en una reestructuración del gabinete. Una empresa privada elige a su gerente por resultados. Una SAPEM, por decisión política.
De 400 millones a 12.000 millones: el número que encendió la alarma
El dato que se expuso en el programa es el que más ruido hace: la deuda de EMSA habría pasado de 400 millones a 12.000 millones de pesos. "Si yo fuera dueño de una empresa y me dicen eso, algo está pasando", se planteó al aire, y la propuesta fue tan brutal como la cifra: con esos números, nadie está haciendo bien su trabajo.
El punto de partida tiene respaldo documental. Según publicó Primera Edición en agosto de 2016, EMSA reconoció oficialmente en su balance de 2014 una deuda de más de 400 millones de pesos, con acreedores como sus propios trabajadores, organismos previsionales e impositivos y el gremio de Luz y Fuerza. Ese mismo artículo informaba que el balance de 2015 se aprobó "a libro cerrado", sin publicar cifras, con un pasivo extraoficial cercano a los 500 millones, y que antes del tarifazo la empresa necesitaba unos 20 millones de pesos mensuales de aportes del Tesoro provincial.
El número de llegada, los 12.000 millones, no aparece en ningún balance publicado que se haya podido consultar. Y ahí está el problema de fondo: una empresa que maneja la luz de toda una provincia no publica de forma accesible sus estados contables, y el contribuyente que la sostiene tiene que reconstruir la deuda con recortes de diarios y relevamientos opositores.
Lo que paga el contribuyente: aportes y deudas perdonadas
A la deuda propia se suman dos cuentas que no salen de la boleta, sino del bolsillo de todos.
La primera es el aporte provincial de 2026. Según un relevamiento de La Libertad Avanza sobre las 16 sociedades del Estado misionero, EMSA recibe 55.747 millones de pesos, el 47% de todo lo que la provincia destina a sus empresas.
La segunda es la quita de unos 90.000 millones de pesos de la deuda con CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico mayorista. La anunció Rovira en mayo de 2026 y quedó atada a la reforma de la ley de Zonas Frías, sancionada por el Senado el 25 de septiembre. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que esa deuda nació entre 2018 y 2022, cuando la provincia dejó de pagar la energía mientras reclamaba regalías de Yacyretá y Salto Grande, y sostuvo que desde 2022 EMSA está al día con un plan de pagos. Para el Gobierno, la condonación "limpia el balance" de la eléctrica.
Esa es la versión oficial. La otra lectura es más incómoda: durante cuatro años el usuario misionero pagó su boleta, y la empresa no le pagó a su proveedor la energía que revendía. Hoy esa cuenta la absorbe el Estado nacional, es decir, todos los contribuyentes del país.
| Concepto | Monto | Fuente |
|---|---|---|
| Deuda reconocida en el balance 2014 | más de $400 millones | Primera Edición (agosto de 2016) |
| Pasivo estimado 2015 (balance a libro cerrado) | ≈ $500 millones | Primera Edición, dato extraoficial |
| Deuda actual denunciada | $12.000 millones | Planteo en El Puente (sin balance público) |
| Aporte provincial a EMSA en 2026 | $55.747 millones | Relevamiento de La Libertad Avanza |
| Peso de EMSA sobre las 16 sociedades del Estado | 47% | Relevamiento de La Libertad Avanza |
| Quita de deuda con CAMMESA | ≈ $90.000 millones | Gobierno de Misiones (mayo de 2026) |
| Participación del Estado en la SAPEM | 99% | Planteo en El Puente |
La respuesta oficial: ajuste e inversiones
Del lado de la empresa, Barreto anticipó en septiembre de 2026 lo que definió como una "cirugía sin anestesia": un fuerte ordenamiento de gastos para sostener el ritmo de inversiones. Según su versión, EMSA tiene una veintena de obras en ejecución, financiadas con recursos propios, fondos provinciales y créditos, y el gran problema es el aumento del costo de la energía en los últimos dos años, por el que reclama a la Nación un régimen diferencial para las zonas cálidas.
El reconocimiento de que hace falta un ajuste es, en sí mismo, un dato. Si el presidente de la empresa admite que hay que recortar gastos, la pregunta del programa queda en pie: ¿por qué la provincia todavía tiene que poner plata arriba de lo que la gente ya paga, y caro?
Usuarios cautivos, sin alternativa
La comparación de tarifas entre provincias no tiene un ranking oficial actualizado de 2026 que permita afirmar dónde está Misiones. Lo que sí se repite son los reclamos por facturación, las recategorizaciones de usuarios y los cortes que golpean a comercios y familias.
Para La Fragata, el nudo no es solo el tamaño de la deuda. Es el diseño: un monopolio estatal con usuarios que no pueden cambiar de proveedor, que se presenta como sociedad anónima pero se rescata con plata pública, que no rinde cuentas en público y que elige a sus autoridades por lealtad política. Con ese esquema, la deuda puede crecer sin que nadie pague el costo político. La cuenta, en cambio, siempre la paga el vecino.