Cuánto cuesta cada preso en Misiones: 3 millones de pesos por mes y el debate por las cárceles
Según el abogado Martín Ayala, cada detenido le cuesta a Misiones $3 millones por mes. Cárceles privadas, presos que paguen y extranjeros expulsados.
Cada persona alojada en el Servicio Penitenciario de Misiones costaría unos 3 millones de pesos por mes, según la cuenta que hizo el abogado Martín Ayala sobre el presupuesto provincial. Con más de 1.800 internos, la factura anual rondaría los $65.000 millones. Y la pregunta que casi nadie hace: ¿tiene que pagarla siempre el que no cometió el delito?
La cifra que nadie pone en el recibo
Tres millones de pesos por mes. Eso es lo que, de acuerdo con el abogado Martín Ayala, le sale a la provincia cada persona privada de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial. El dato, dijo en una entrevista en La Fragata, surge del propio presupuesto de Misiones e incluye todo: sueldos, recursos materiales, comida y alojamiento.
Ayala, docente del área de justicia en la escuela de dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones, hizo una salvedad: la cuenta vale para las cárceles, no para las comisarías. "Ese es un mundo que no se conoce", planteó.
El número impacta más cuando se lo mira desde el otro lado del mostrador. "Ponemos de los nuestros tres millones de pesos para que exista el servicio penitenciario", resumió. Y agregó lo que para él es el nudo del asunto: algunos internos trabajan, pero no todos, y ninguno paga.
¿Cierra la cuenta?
El presupuesto que se pudo consultar no trae el gasto penitenciario desagregado, de modo que la cifra queda como una estimación de Ayala. Pero los datos públicos permiten ponerla a prueba.
Según el Informe Anual 2025 de la Comisión de Buenas Prácticas en Contextos de Encierro, citado por El Territorio, en las cárceles misioneras había 1.820 personas. A 3 millones por mes cada una, el sistema costaría unos $5.460 millones mensuales: alrededor de $65.500 millones al año.
El Ministerio de Gobierno, del que dependen la Policía y el Servicio Penitenciario, tuvo para 2026 un presupuesto de $345.000 millones, y proyecta $385.000 millones para 2027. El subsecretario Daniel Behler explicó ante la Legislatura que entre el 67% y el 70% de esos recursos se lo llevan las dos fuerzas juntas. La estimación de Ayala equivale a cerca del 19% del presupuesto del ministerio: un orden de magnitud compatible con esos números, aunque no una cifra oficial.
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Costo mensual por interno | $3 millones | Estimación de Martín Ayala sobre el presupuesto provincial |
| Personas en cárceles provinciales (2025) | 1.820 | Comisión de Buenas Prácticas, vía El Territorio |
| Detenidos en comisarías (2025) | entre 800 y 1.140 | Comisión de Buenas Prácticas, vía Economis y El Territorio |
| Costo anual implícito del sistema | ≈ $65.500 millones | Cálculo propio (3 millones × 1.820 × 12) |
| Presupuesto del Ministerio de Gobierno 2026 | $345.000 millones | Exposición oficial ante la Legislatura |
| Peso de Policía y Servicio Penitenciario | 67% a 70% | Daniel Behler, subsecretario de Gobierno |
El mundo que no se conoce: las comisarías
La advertencia de Ayala sobre las comisarías tiene respaldo en los propios números oficiales, que no terminan de coincidir. La presidenta de la Comisión de Buenas Prácticas, Yanina Yudar, habló en diciembre de 2025 de más de 1.800 personas en el Servicio Penitenciario y unas 800 en comisarías, y sostuvo que "no existe superpoblación".
El Territorio, con el mismo informe anual en la mano, publicó en marzo de 2026 otra cifra: 1.140 detenidos en comisarías durante 2025, es decir, cuatro de cada diez presos de la provincia alojados en dependencias policiales que no fueron pensadas para estadías largas. Ese costo no entra en los 3 millones: lo absorbe la Policía, con efectivos que cuidan calabozos en lugar de patrullar.
Cárceles privadas: la discusión que Ayala pide abrir
De ahí la pregunta incómoda. ¿Los servicios penitenciarios tienen que ser solo estatales o pueden ser privados, "como hay en algunos estados de los Estados Unidos"? Ayala no dio una respuesta cerrada. Propuso pensar en un servicio privatizado que pague el detenido, o que se pague con lo que produjo el delito. "No lo sé, pero creo que hay que revisar esto", dijo.
El modelo existe y tiene límites. En Estados Unidos, 27 estados y el gobierno federal usan cárceles privadas, que alojaban a 90.873 personas a fines de 2022: el 8% de la población de las prisiones estatales y federales, según The Sentencing Project, una organización crítica del sistema. En Montana casi la mitad de los presos está en establecimientos privados; otros 23 estados no los usan.
En la Argentina, la idea está en la agenda nacional desde 2024. Javier Milei dijo en marzo de ese año que el Gobierno trabajaba "en incorporar cárceles privadas", y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que estaban "en proceso de comienzo de licitación". No se encontró información que confirme que alguna esté en funcionamiento.
El obstáculo legal: quién paga la estadía
Que el preso pague lo suyo no es una idea nueva: ya estuvo en la ley. El artículo 121 de la Ley 24.660 de ejecución penal destinaba el 25% del sueldo del interno que trabaja a "costear los gastos que causare en el establecimiento".
La Corte Suprema lo declaró inconstitucional el 1 de noviembre de 2011, en el caso "Méndez, Daniel Roberto". El argumento: ese descuento implicaba "transferir al interno trabajador el costo de la obligación de su manutención", que según el tribunal pesa por entero sobre el Estado. Cualquier reforma en la línea que plantea Ayala tiene que pasar por ahí.
El extranjero que delinque y vuelve a su país
Ayala sumó otro dato para medir cuánto pesa el costo en las decisiones del Estado. Según planteó, el extranjero que comete un delito en la Argentina es deportado y no va preso en su país: vuelve libre a Brasil, Paraguay o Bolivia. La víctima sabe que no lo va a ver más, pero también que no está detenido. "Si fuera un delincuente argentino, está preso", comparó. Su lectura: la Argentina "prefiere sacárselo de encima".
La norma es la Ley de Migraciones 25.871. Su artículo 64 prevé la expulsión del extranjero condenado una vez cumplidos los requisitos del artículo 17 de la Ley 24.660, que para las penas temporales es la mitad de la condena, y establece que la ejecución de esa expulsión, el llamado extrañamiento, da por cumplida la pena. No sale el primer día, entonces, pero sí se va sin completar la condena.
El Decreto 366/2025 endureció el resto del régimen: según el texto publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de reingreso para el expulsado por un delito doloso pasó a ser permanente. Que el motivo de fondo sea el ahorro es una opinión de Ayala, no un fundamento que figure en la norma.
La pregunta de fondo
Ayala cerró con una proyección que él mismo relativizó: si a Misiones le sale 3 millones por preso, a la Nación, a Corrientes y a Formosa les debe salir "algo parecido". "No lo sé", admitió.
La lectura editorial es otra, y no depende de que el número sea exacto al peso. El gasto penitenciario es de los pocos que nadie discute: no se publica desagregado, no se compara con resultados y no se le pregunta al contribuyente si está conforme con lo que recibe a cambio. Un sistema que cuesta miles de millones, que deja a cientos de detenidos en comisarías y que no puede decir cuántos de sus internos trabajan, merece al menos lo que pide Ayala: que se revise.