¿A DÓNDE VA LA PLATA? El proyecto que incomoda a las cajas negras de Misiones
Un borrador de ley propone que toda entidad que reciba fondos de Misiones publique sus balances. Está listo. Falta un diputado que lo firme.
Un borrador de «Ley de Transparencia Activa y Control Ciudadano» plantea que toda fundación, ONG, cooperativa o entidad religiosa que reciba subsidios, aportes o contratos del Estado misionero publique sus balances. El texto está escrito y adaptado a la Cámara de Representantes. Lo que falta no es técnica: es un legislador dispuesto a firmarlo.
Un proyecto que no espera a la política
La propuesta, firmada por Gus González y leída al aire en el programa El Puente de La Fragata Stream, parte de una idea simple: si una entidad privada recibe un peso del Estado provincial, sus cuentas dejan de ser un asunto privado. Fundaciones, ONG, cooperativas y organizaciones de carácter religioso quedan alcanzadas por igual, sin excepciones por rubro ni por afinidad política.
El texto se presenta como completo, articulado y formalmente adaptado para la Cámara de Representantes de Misiones. Según su autor, no necesita gestores ni trámites reservados: cualquier diputado provincial, de cualquier bloque, puede descargarlo, firmarlo e ingresarlo por Mesa de Entradas. El desafío es explícito: «Si no hay nada que ocultar y las cuentas están claras, no hay motivo para no aprobarlo».
Los fundamentos: la plata no sale de un despacho
El borrador apoya todo en un principio: la transparencia es la columna vertebral de un sistema democrático y republicano. Cuando el Estado transfiere recursos que salen del esfuerzo tributario de los misioneros a entidades privadas, civiles, cooperativas o religiosas, el destino final de esa plata no puede quedar amparado por ningún secreto ni reserva.
La publicidad de los balances y estados contables, sostienen los fundamentos, previene el desvío de recursos y, de paso, protege a las instituciones que trabajan con honestidad. La que rinde bien no tiene nada que temer de una planilla publicada; la que no rinde, sí.
Qué dice hoy la ley (y qué no)
Misiones no arranca de cero. La provincia tiene una ley de acceso a la información pública, la Ley IV – N° 58, reglamentada por el Decreto 846/12, con el Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación. Su alcance, según el texto difundido por organismos oficiales, abarca a la administración central y descentralizada, a los entes autárquicos y a las organizaciones empresariales con participación provincial o que reciban subsidios del Estado.
La diferencia con lo que propone el borrador está en el mecanismo. Una ley de acceso funciona a pedido: el vecino tiene que saber qué preguntar, a quién y esperar la respuesta. Ya en 2014, dos diputados misioneros denunciaron que un funcionario les negó información sobre custodias policiales con el argumento de que, por ser legisladores, debían pedirla por la Cámara. La transparencia activa invierte la carga: la información se publica sin que nadie la reclame.
La Nación ya dio ese paso en el papel. La Ley 27.275 (2016) incluye entre los sujetos obligados a «cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos», en lo que se refiere a esos fondos, y su artículo 32 exige publicar de oficio las transferencias a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, y sus beneficiarios.
La otra campana: «ya hay controles»
Del lado oficial, la respuesta previsible es que el control existe. El Tribunal de Cuentas de Misiones tiene rango constitucional y entre sus funciones figura la fiscalización de los subsidios provinciales; para 2027 pidió un presupuesto de $20.572 millones, con más del 90% destinado a personal. En julio de 2026, la cartera de Acción Cooperativa anunció asistencia y auditorías para las 549 cooperativas de la provincia, y reconoció que varias atraviesan problemas administrativos y contables. El gobierno, además, celebró en octubre un 8,45 sobre 10 en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC.
Las cooperativas, por su parte, ya presentan balances ante el INAES y el órgano local por la Ley 20.337, y el INAES suspendió en 2025 a entidades que no cumplieron.
El punto es que todo eso es control hacia adentro del Estado. El balance llega a un organismo, no al contribuyente. Que el presupuesto provincial sea transparente no dice nada de qué hizo una fundación con el subsidio que recibió. El caso de Andresito lo mostró en 2016: un bloque opositor tuvo que pedir por proyecto de comunicación si una asociación civil había rendido $2.060.000 de un subsidio ante el Tribunal de Cuentas.
| Herramienta | Quién controla | ¿Lo ve el vecino? | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ley IV – N° 58 (acceso a la información) | Ministerio de Gobierno | Solo si lo pide | Ley IV N° 58 / Dec. 846/12 |
| Rendición ante el Tribunal de Cuentas | Tribunal de Cuentas | No de oficio | Constitución de Misiones |
| Balances de cooperativas (Ley 20.337) | INAES y órgano local | No de oficio | INAES |
| Ley 27.275, art. 7 j) y art. 32 | Nación (AAIP) | Sí, publicación activa | Infoleg |
| Borrador de Transparencia Activa | Cualquier ciudadano | Sí, balances públicos | Propuesta de Gus González |
Proponer, no solo quejarse
La propuesta tiene un valor que excede su suerte legislativa: es un ciudadano escribiendo la ley que la política no escribe. En la mesa de El Puente se la definió como el ejercicio que falta: preguntar en qué se gastó la plata, qué se hizo con ella y para quién. «Nosotros somos los que les pagamos el sueldo; ellos solo manejan los recursos».
Y la cuenta llega al bolsillo. Cada peso que se va sin rendir en un convenio opaco es un peso que no está para el sueldo de un docente o de un empleado público, o que vuelve en forma de más impuestos. Neuquén ya discute, desde octubre, obligar a sus cooperativas de servicios a publicar balances, contratos y subsidios. En Misiones el texto está escrito. Ahora se verá qué diputado se anima a firmarlo y cuántos prefieren seguir cuidando las cajas.