200 millones: denuncian que la intendente regaló un espacio verde de Apóstoles a dedo
Vecinos de Apóstoles denuncian que un espacio verde que la Carta Orgánica protege se dividió en diez lotes de 20 millones cada uno, sin ordenanza a la vista.
Un espacio verde que el loteador original cedió al pueblo de Apóstoles ya tiene mojones, cargas de tierra y diez lotes marcados. Los vecinos que pagaron más caro por tener una plaza enfrente denuncian que se entregó a dedo. La Carta Orgánica exige una ordenanza con dos tercios del Concejo para tocarlo, y nadie la mostró.
Lo que encontraron los vecinos
En un barrio de Apóstoles, sobre la calle Catamarca y junto al barrio Illia, había un espacio verde. Los vecinos lo cuidaban como plaza: plantaron arbolitos y hacían el mantenimiento que, según la Carta Orgánica, le corresponde al municipio. Hoy ese terreno tiene mojones, cargas de tierra y calles abiertas.
Según la denuncia difundida por La Fragata, la tierra la llevan camiones municipales, y así se lo dijo a los vecinos uno de los que trabajan en el lugar. El reclamo quedó por escrito: una nota que entró a la Municipalidad de Apóstoles el 22 de septiembre de 2026, en la que los vecinos piden saber qué autorización respaldó esas obras. Al momento de la denuncia no tenía respuesta formal.
La acusación apunta a la intendenta María Eugenia Safrán: de acuerdo con lo planteado, el espacio verde se repartió a dedo, sin licitación, sin venta pública y sin la ordenanza que exige la ley local.
De dónde sale un espacio verde
Ese terreno no lo compró el municipio. Era parte de una propiedad privada de unas tres hectáreas. Cuando su dueño decidió lotearla, cumplió con lo que exige la norma para una superficie de esa escala: ceder una parte para calles, otra para espacio verde y otra como reserva fiscal.
Es decir: un particular donó parte de su capital al crecimiento de la ciudad, y los compradores de los lotes vecinos pagaron un precio más alto justamente porque enfrente iba a haber una plaza. Si ese espacio desaparece, el perjuicio es doble: para el loteador, cuya inversión se valuó con esa plaza en el plano, y para las familias que compraron confiando en lo que decía la mensura.
Desde la mirada de La Fragata, ahí está el centro del problema: la propiedad y los contratos de los vecinos valen menos por una decisión política que nadie explicó.
La cuenta: 200 millones
El cálculo que hizo el programa es simple. Según la denuncia, el espacio verde se dividió en diez lotes, ya escriturados y mensurados. En esa ubicación, un terreno vale unos 20 millones de pesos, y entre 25 y 27 millones con todos los papeles.
| Concepto | Cifra estimada | Origen |
|---|---|---|
| Superficie del loteo original | 3 hectáreas | Dicho en el programa |
| Lotes marcados en el espacio verde | 10 | Mojones contados en las imágenes |
| Valor de un lote en la zona | $20 millones | Estimación del programa |
| Valor con escritura y trámites | $25 a $27 millones | Estimación del programa |
| Valor total del espacio verde loteado | $200 millones (hasta $270 millones con papeles) | Cálculo del programa |
No es una tasación oficial: es una estimación hecha al aire con precios de la zona.
Si esos terrenos se vendieron, esos 200 millones tendrían que figurar en el balance municipal, con sus facturas de cobro. Si se entregaron sin cargo, el pueblo de Apóstoles resignó ese valor. En los dos casos, la pregunta es la misma: ¿quiénes son los diez beneficiarios? En el programa se mencionó que uno de ellos sería un empleado municipal, un dato que no se pudo confirmar porque la nómina de empleados de la Municipalidad no es pública.
Lo que dice la ley
La nota de los vecinos se apoya en tres artículos de la Carta Orgánica Municipal de Apóstoles:
- Artículo 49 (ambiente): el municipio debe preservar y aumentar los espacios verdes; cualquier obra que afecte el ambiente exige evaluación de impacto socioambiental y audiencia pública.
- Artículo 81 (intangibilidad del patrimonio público): los bienes del dominio público municipal, como los espacios verdes, no se pueden embargar, vender ni perder por el paso del tiempo. Para desafectarlos hace falta una ordenanza aprobada por dos tercios del Concejo Deliberante. No alcanza con una decisión de la intendenta.
- Artículo 84 (nulidad): cualquier acto que disponga del patrimonio municipal sin cumplir lo anterior es nulo.
Por encima está el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 235 y 237), que define a los bienes del dominio público como inalienables, inembargables e imprescriptibles, y la Ley General del Ambiente 25.675, con su principio de no regresión.
Según lo planteado en el programa, no hay publicado en el boletín oficial ninguna ordenanza que desafecte ese espacio verde.
| Paso que exige la norma | ¿Se mostró? |
|---|---|
| Evaluación de impacto socioambiental (art. 49) | No |
| Audiencia pública (art. 49) | No |
| Ordenanza de desafectación con dos tercios del Concejo (art. 81) | No |
| Publicación en el boletín oficial | No, según la denuncia |
| Respuesta a la nota de los vecinos del 22/9 | No, al momento de la denuncia |
La vara que se usa con el vecino
El contraste es difícil de ignorar. Al vecino que paga sus impuestos el municipio le exige cada habilitación, cada plano y cada permiso, y puede clausurarle el negocio si falla un papel. Pero cuando el que dispone del patrimonio de todos es el propio Estado municipal, los trámites que la Carta Orgánica exige no aparecen.
En el programa también hubo una advertencia para las diez familias que recibirían los lotes: si la entrega no respetó el procedimiento, el artículo 84 la vuelve nula, y eso puede tener consecuencias legales para quienes construyan ahí. No es una opinión contra esas familias: es un aviso de que un título que nace de un acto nulo es un título frágil.
Las preguntas abiertas
La Fragata no encontró una explicación pública de la Municipalidad de Apóstoles sobre este loteo. El espacio para su descargo queda abierto. Las preguntas que el municipio y el Concejo Deliberante tienen que responder son concretas:
- ¿Existe una ordenanza de desafectación aprobada por dos tercios del Concejo?
- ¿Se hizo la evaluación ambiental y la audiencia pública?
- ¿Quiénes recibieron los diez lotes y con qué criterio?
- ¿Hubo venta? Si la hubo, ¿dónde están los 200 millones en el balance?
Cuando el poder no da explicaciones, la sospecha crece. Y la cuenta, como siempre, la paga el vecino.