EMSA: la caja eléctrica y el precio político de la luz
EMSA bajo la lupa: $55.743,8 millones presupuestados, la quita anunciada con CAMMESA y los reclamos por boletas. Investigación de La Fragata.
El presupuesto 2026 asigna $55.743,8 millones en aportes identificados a EMSA, una empresa que además cobra el servicio a sus usuarios. A esa cuenta se suma el anuncio de una quita cercana a los $90.000 millones con CAMMESA y el financiamiento anunciado para obras, sin que la documentación reunida permita reconstruir todavía el destino completo de la recaudación. Mientras la dirigencia celebra acuerdos y cambia autoridades, los reclamos por facturación obligan a mirar qué recibe el usuario.
Revisión documental: 11 de septiembre de 2026.
La luz tiene un precio en la boleta y un costo en las cuentas del Estado. En Misiones, seguir esas dos cuentas lleva a EMSA: una empresa que cobra por el servicio, recibe aportes provinciales y arrastra una discusión millonaria con CAMMESA. El dinero público que la sostiene merece el mismo escrutinio que cualquier factura enviada a un vecino.
Los números permiten empezar esa discusión con los documentos sobre la mesa. El presupuesto provincial identifica más de $55.743 millones en cinco partidas destinadas a EMSA. En mayo, además, se difundió un anuncio de alivio de deuda por cerca de $90.000 millones. Y en agosto, un reclamo en Itaembé Guazú terminó con un compromiso de refacturación de la empresa. Son cuentas distintas, pero todas exigen responsables que expliquen su resultado. [12][1][3]
La caja: $55.743,8 millones en cinco partidas
El relevamiento de Gasto Público de Misiones, publicado por La Libertad Avanza Misiones, señaló ese monto. La Fragata lo contrastó con las páginas 144 y 145 del suplemento del Boletín Oficial N.º 16460, que publica el presupuesto 2026. Las cinco líneas suman $55.743.825.000. [7][12]
| Concepto presupuestado | Pesos |
|---|---|
| Aportes EMSA, para erogaciones corrientes | $18.000.000.000 |
| Aportes a EMSA Tarifa Social | $6.515.621.000 |
| Aportes EMSA – Electrificación Rural, corrientes | $4.800.000.000 |
| Aportes a EMSA, de capital | $25.000.000.000 |
| Aportes de capital a electrificación rural, Fondo Energético Provincial | $1.428.204.000 |
| Total identificado | $55.743.825.000 |
Fuente: planilla analítica de gastos de Hacienda, páginas 144–145. Los importes originales están expresados en miles de pesos; aquí se muestran en pesos. Son asignaciones presupuestarias, no transferencias ejecutadas ni el presupuesto completo de la empresa. [12]
¿Qué representa esa cifra frente a una boleta familiar?
Para dimensionar el orden de magnitud, si se toma como referencia de trabajo una boleta familiar de $150.000 mensuales, los $55.743.825.000 presupuestados equivalen a unas 371.626 facturas mensuales. También alcanzarían para pagar una boleta de ese valor durante un año a unos 30.969 hogares. Es una comparación ilustrativa: no demuestra que el Estado esté pagando facturas familiares ni que todo el crédito presupuestario se destine a subsidiarlas.
La composición del presupuesto impide contar los $56.000 millones como un único subsidio al usuario. La partida identificada específicamente como Tarifa Social es de $6.515,6 millones. Los $49.228,2 millones restantes se distribuyen entre aportes corrientes, aportes de capital y electrificación rural. La pregunta que debe responder la administración es cuánto se ejecutó en cada destino y qué resultado produjo.
El antecedente de 257.689 usuarios de EMSA publicado en 2022 permite otra referencia, también aproximada: si el crédito presupuestario completo se prorrateara entre ese universo, daría unos $216.322 por usuario al año. A $150.000 por boleta, equivale a 1,44 facturas mensuales adicionales por usuario; una cuenta anual de 12 meses representaría, en esa hipótesis, unos 13,4 meses —13 meses y medio—. Como el número incluye todas las categorías, no es un padrón actualizado de medidores y las partidas no son todas subsidios directos, la cuenta sirve para dimensionar, no para afirmar un cargo real a cada conexión.
¿Qué hace EMSA con la plata de las boletas?
EMSA cobra el servicio a los usuarios y, al mismo tiempo, aparece en el presupuesto provincial con cinco partidas de aportes. Esa doble vía de financiamiento no es, por sí sola, una irregularidad: una empresa distribuidora puede tener costos operativos, obras, electrificación rural, obligaciones fiscales y políticas tarifarias que no se cubren con la recaudación corriente. Pero sí obliga a mostrar las cuentas completas.
En la documentación reunida no aparece el balance auditado, el flujo de fondos ni la ejecución presupuestaria que permitan responder cuánto recauda EMSA por facturas, cuánto destina a salarios, compra de energía, mantenimiento, impuestos, deuda y obras, y qué parte de los aportes provinciales terminó efectivamente en cada destino. Sin esa información, no se puede afirmar qué ocurrió con la recaudación ni presentar los $55.743,8 millones como un subsidio directo a las familias.
La deuda anunciada con CAMMESA agrega otra capa. La quita cercana a $90.000 millones fue comunicada como un alivio para EMSA, pero en esta revisión no se encontró el convenio, la liquidación ni el asiento contable que permitan verificar su aplicación. El anuncio no reemplaza la explicación de cómo se acumuló el pasivo ni de qué fondos se pagaron las obligaciones corrientes.
También debe precisarse quién asumirá el financiamiento de las obras. Hacienda anunció una línea de 132 kV por US$72 millones con crédito CAF, pero los documentos consultados no permiten establecer si el deudor directo será EMSA, la Provincia, un organismo ejecutor o una combinación de garantías. Hasta contar con contrato, condiciones y cronograma de repago, corresponde hablar de financiamiento anunciado y no de una deuda ya imputada a EMSA.
La investigación, entonces, no puede cerrar con una sospecha contable. Debe exigir los documentos que permitan seguir el circuito: recaudación de boletas, aportes públicos, deuda con CAMMESA, créditos de obra y resultados concretos para el usuario. La pregunta central es sencilla y todavía no tiene respuesta documentada: ¿qué hace EMSA con la plata que cobra y por qué el Estado debe volver a financiarla?
Transparencia que falta medir:
EMSA está constituida formalmente como Electricidad de Misiones Sociedad Anónima, pero la Provincia participa mediante acciones Clase A y designa a sus representantes en la asamblea. Esa forma societaria no convierte a la empresa en un actor privado desligado del control público cuando recibe partidas del presupuesto y administra un servicio esencial. El deber de rendición alcanza, como mínimo, a sus balances, ingresos por facturación, deudas, aportes, obras y resultados. [17]
La última cifra pública localizada sobre el total de usuarios de EMSA es la de 257.689, difundida por El Territorio en 2022. Eso no permite afirmar que la empresa no tenga un registro más reciente; sí permite señalar que, en la documentación pública consultada para esta investigación, no aparece un padrón actualizado de conexiones o medidores que pueda cruzarse con los aportes presupuestarios.
La propia provincia difundió otros indicadores más recientes: en la exposición presupuestaria de 2026 se informaron 211.981 usuarios registrados como clientes digitales, 190.000 facturas enviadas online, 73.168 usuarios de la aplicación o la web y medición inteligente en 2.600 hogares y 112 grandes usuarios. Son datos de digitalización y gestión, no un total actualizado de suministros ni una cuenta de ingresos y egresos. [16]
También hay un antecedente formal que merece seguimiento: un decreto publicado en octubre de 2023 dejó asentado que la asamblea de accionistas convocada para tratar el balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 se realizó fuera del plazo legal. El documento enumera los estados contables que debían considerarse, pero no reemplaza la publicación de balances posteriores ni demuestra por sí solo una conducta deliberada de ocultamiento. [17]
La conclusión responsable es más acotada que una acusación: hay información operativa y comunicacional, pero falta —al menos en las fuentes revisadas— la información financiera y comercial necesaria para explicar por qué una empresa que factura a sus usuarios necesita aportes públicos de esa magnitud. Esa brecha es un problema de rendición de cuentas que EMSA y el Gobierno provincial deberían cerrar con documentos verificables.
Hay una regla que merece seguimiento: la ley dispone que los aportes de capital a EMSA se apliquen a pasivos por compra de energía y a obras de infraestructura energética fijadas por el Poder Ejecutivo. El control puede empezar allí: cuánto se transfirió, qué deuda se atendió y qué obra se ejecutó. [12]
Desde la mirada editorial de La Fragata, sostener una empresa estatal obliga a rendir cuentas por cada aporte. La etiqueta “social” explica una finalidad; el resultado debe demostrarse con información sobre sus destinatarios y su costo.
El perdón anunciado y la deuda que debe explicarse
La cobertura de Milénico del 21 de mayo atribuyó a Carlos Rovira el anuncio de una quita cercana a los $90.000 millones con CAMMESA, vinculada con las negociaciones legislativas nacionales. El oficialismo provincial la presentó como un logro político. [1]
Al día siguiente, una explicación de Adolfo Safrán difundida por MisionesOpina situó el beneficio en el proyecto de Zonas Frías y lo condicionó a la aprobación del Senado. El ministro ubicó el pasivo entre febrero de 2018 y agosto de 2022 y aseguró que EMSA pagaba sus compromisos corrientes desde septiembre de 2022. Atribuyó aquella acumulación de deuda al reclamo provincial por regalías hidroeléctricas. Esa es la explicación del funcionario. [4]
El anuncio está documentado; la cancelación efectiva por ese monto no quedó acreditada en esta revisión. Faltan el instrumento aplicado a EMSA, la liquidación de CAMMESA y su reflejo contable. Por eso la cifra se presenta como una quita anunciada, sin convertirla en un ahorro consumado.
La pregunta política sigue en pie: si el Gobierno presenta una negociación como un éxito, debe mostrar qué obtuvo, bajo qué condiciones y qué obligaciones desaparecieron. El balance de una empresa pública no puede reemplazarse por un anuncio de su dirigencia.
La negociación política, con los expedientes correctos
El 20 de mayo, Diputados votó dos iniciativas diferentes. La ley hojarasca obtuvo 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. La modificación del régimen de Zonas Frías recibió 132 positivos, 105 negativos y 4 abstenciones. [5]
El Senado las registró por separado: CD-1/26-PL, derogación de legislación obsoleta; CD-3/26-PL, Zonas Frías y regularización de deudas eléctricas. El expediente de hojarasca no es el expediente de la deuda eléctrica. [6]
La negociación entre apoyos legislativos e intereses provinciales es materia de análisis político. La expresión “votos por perdón” resume la hipótesis crítica del borrador de investigación. Presentarla como una irregularidad probada exigiría evidencia adicional. La coincidencia de fechas no acredita por sí sola una contraprestación ilícita.
Passalacqua cambió la cúpula: la responsabilidad continúa
En julio llegó el recambio. La comunicación oficial provincial del 22 de julio informó una renovación parcial del directorio mediante el Decreto 1316: Julio César Barreto, presidente; Hugo José Amable, vicepresidente; José Luis Garay, nuevo director. También comunicó la revocación de los mandatos de Virginia Kluka y Emiliano Ciz. [2]
El cambio tiene responsables políticos identificables. Passalacqua dispuso la renovación y la nueva conducción asumió la tarea de administrar la empresa. Lo que no prueba el comunicado es que el relevo haya sido consecuencia de la negociación por CAMMESA.
Para el usuario, la medida del recambio debe ser el servicio. El nombre del presidente importa por las decisiones que toma, los recursos que administra y los resultados por los que responde. La evaluación exige indicadores comparables, además de anuncios de gestión.
La boleta: donde el discurso se encuentra con el vecino
La Voz de Misiones informó el 19 de agosto una reunión de EMSA con 342 familias del sector 10 de Itaembé Guazú, en la Defensoría del Pueblo. Los vecinos denunciaron fuertes incrementos en las facturas. Según esa cobertura, la empresa reconoció inconvenientes y se comprometió a refacturar y a reconocer saldo a favor a quienes hubieran pagado. [3]
El dato acredita el reclamo colectivo y la respuesta comunicada. No equivale a una auditoría individual de las 342 cuentas. El cumplimiento de las correcciones debe verificarse con las liquidaciones posteriores.
La empresa también difundió su explicación general sobre las tarifas: un aumento promedio del 423% en el costo mayorista y del 91% en la tarifa desde 2023, según reprodujo Agencia Hoy. Esos porcentajes describen variables diferentes; no permiten calcular por simple resta el aporte fiscal ni justificar cada factura. [8]
Una discusión sobre precios nacionales o subsidios no resuelve un error de facturación. El vecino necesita saber qué consumo se le cobró, cómo se calculó y cuándo se corrige. Esa respuesta forma parte del servicio que paga.
¿Cuánto consume una familia misionera?
No existe en las fuentes consultadas una media oficial y actualizada del importe de las boletas de EMSA. Sí hay referencias públicas sobre el consumo. En marzo de 2026, Ángel Kuzuka, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones, ubicó el consumo medio provincial en 280 a 300 kWh mensuales por familia. Es una estimación sectorial atribuida a su declaración, no una serie estadística publicada por EMSA. [13]
Como antecedente, una nota de El Territorio de agosto de 2022 señaló que EMSA tenía 257.689 usuarios y que el 82% consumía cerca, aunque por debajo, de los 400 kWh mensuales. La cifra sirve para ubicar el debate de aquel momento, pero no reemplaza un padrón actualizado ni permite afirmar cuántos medidores físicos están actualmente activos. [14]
El Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones registró para 2024 una demanda residencial provincial de 1.582.957 MWh y una participación residencial del 57% sobre la demanda total. El informe permite dimensionar la escala del consumo, pero no publica un denominador de usuarios que permita convertir ese volumen en una media familiar. [15]
Una boleta, un caso de alto consumo
La factura entregada para esta investigación corresponde a un período de aproximadamente 34 días, entre el 3 de julio y el 6 de agosto de 2026. El medidor pasó de 62.319 a 63.409 kWh: la diferencia facturada fue de 1.090 kWh. El importe total informado es de $389.731,14.
El gráfico histórico de la propia boleta muestra 13 barras visibles, de agosto de 2025 a agosto de 2026. El promedio simple de esas lecturas es de 510 kWh mensuales. Si se excluye el último mes —1.090 kWh—, las 12 lecturas anteriores promedian 462 kWh. El consumo actual equivale a unos 962 kWh en 30 días y es más de tres veces la referencia familiar de 280–300 kWh.
La liquidación aplica bloques variables que, según los valores legibles en la imagen, rondan los $276 a $281 por kWh. El subtotal previo al IVA figura en torno de $315.556,38; el IVA 21% suma aproximadamente $66.268,38 y el suministro de alumbrado público, $7.906,39, hasta llegar al total de $389.731,14. El costo final promedio de esta factura es de unos $357,55 por kWh, una cuenta matemática que incluye impuestos y cargos y no equivale a la tarifa pura de la energía.
La boleta lleva además la leyenda “Conexión con deuda. Verificar”. Con la imagen disponible no se puede establecer si existe un saldo anterior incorporado al importe exigible. Tampoco corresponde tomar esta factura como “la boleta promedio”: documenta un caso individual de consumo elevado, con una estructura tarifaria y una carga impositiva propias.
Obras por US$72 millones: seguir el dinero hasta la red
También hay una obra de infraestructura cuyo avance debe seguirse. El Ministerio de Hacienda anunció el inicio de la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá II, con una inversión de US$72 millones financiada con crédito CAF. La comunicación del 8 de abril describió 116 kilómetros de tendido y fijó marzo de 2027 como previsión para concluir la primera etapa hasta Alem. Son montos y plazos anunciados, pendientes de contraste con la ejecución actual. [9]
La licitación internacional 01/25 identifica el proyecto. Su seguimiento requiere el contrato, los desembolsos y los certificados de avance. El costo total de una obra, una partida anual y una quita de deuda tienen alcances distintos: sumarlos sin conciliación inflaría la cuenta. [10]
La inversión debe evaluarse por sus resultados sobre la red. Para medirlos hacen falta registros de frecuencia y duración de las interrupciones. Un corte de mantenimiento no basta para concluir desinversión; un anuncio de obra tampoco demuestra que el problema del usuario esté resuelto.
Opinión editorial: la cuenta del poder la sostiene la sociedad
El Estado no produce recursos por el solo hecho de anunciarlos. Los administra, los recauda o se endeuda para obtenerlos. Por eso un aporte a EMSA tiene un costo para la sociedad, incluso cuando no aparece desglosado en la boleta del hogar.
La asistencia a quienes no pueden pagar un servicio esencial merece objetivos claros y cuentas abiertas. En el presupuesto aparecen $6.515,6 millones para tarifa social. Saber cuánto se aplicó y a cuántos usuarios alcanzó permite evaluar esa política sin confundir asistencia con propaganda. [12]
Desde La Fragata sostenemos que el contribuyente no debe quedar reducido al papel de financiar y esperar. Tiene derecho a exigir el saldo de la deuda con CAMMESA, el destino de los aportes y las mejoras que se consiguieron. La conducción de EMSA y el Gobierno provincial deben responder por esas decisiones con información que pueda controlarse.
La pregunta que deja este primer capítulo es concreta: ¿qué resultado obtiene el misionero por el dinero que pone en la empresa eléctrica?
El criterio para responderla debe ser una factura correcta, una red confiable y cuentas públicas que se puedan seguir. La política puede adjudicarse un anuncio. El usuario tiene derecho a exigir el resultado.
Fuentes y alcance
Se revisaron los nueve archivos de la carpeta de investigación, incluidas las cinco páginas del informe y las diez diapositivas de la presentación, y el resumen adicional «EMSA - Condonacion CAMMESA y cambio de mando», actualizado el 10/09/2026. Son materiales de trabajo relacionados, no diez verificaciones independientes. La nota distingue documentos oficiales, declaraciones reproducidas por medios y opinión editorial. No se realizaron entrevistas ni se solicitó una respuesta nueva a EMSA para esta versión. La consulta web se efectuó el 11/09/2026; no se certifica aquí el estado legislativo final ni la cancelación contable del pasivo a esa fecha.
- Milénico, anuncio atribuido a Rovira, 21/05/2026.
- Gobierno de Misiones, renovación parcial del directorio, 22/07/2026.
- La Voz de Misiones, reclamo y compromiso de refacturación, 19/08/2026.
- MisionesOpina, declaraciones de Safrán, 22/05/2026.
- Cámara de Diputados, dos medias sanciones, 20/05/2026.
- Senado, Diario de Asuntos Entrados N.º 38/2026, página 1.
- Gasto Público de Misiones, sección explicativa y aportes nominales a empresas.
- Agencia Hoy, explicación de EMSA sobre aumentos y subsidios.
- Ministerio de Hacienda de Misiones, inicio de la línea de 132 kV, 08/04/2026.
- Ministerio de Hacienda, llamado a licitación internacional 01/25.
-
MisionesOpina, prórroga de la Tarifa Social de enero a abril, 02/01/2026.
-
Presupuesto 2026, Boletín Oficial N.º 16460, copia oficial de Hacienda: páginas 17, 144 y 145.
- Agencia Hoy, declaración de Ángel Kuzuka sobre el consumo medio provincial, 05/03/2026.
- El Territorio, usuarios y consumo de EMSA, 06/08/2022.
- ODEM, Impacto del aumento de tarifas eléctricas en Misiones, enero de 2025.
- Provincia de Misiones, proyección presupuestaria 2026 y digitalización de EMSA.
- Boletín Oficial de Misiones N.º 15971, Decreto 1314 y balance del ejercicio 2022.