Caso Lote 7: una familia de Apóstoles denuncia una doble venta y enfrenta una orden de desalojo

La abogada Mónica Sosa e Isabel y Raúl Nicolás Klikailo reconstruyen una disputa que, según su relato, comenzó con una compra en 1989 y se agravó tras una nueva operación en 2007. El expediente atravesó distintas instancias judiciales y la familia reclama que se revise el origen completo del conflicto.

Una compraventa realizada en 1989, una inscripción dominial que no llegó a completarse antes del fallecimiento del comprador, una nueva operación en 2007 y un litigio que terminó en una orden de desalojo. Esa es la secuencia que la abogada Mónica Sosa y los hijos de Nicolás Klikailo reconstruyeron en una entrevista con La Fragata.

Isabel Klikailo y Raúl Nicolás Klikailo sostienen que su familia vive desde hace décadas en el inmueble conocido como Lote 7, en Apóstoles. Junto con Sosa, cuestionan el origen de la demanda y piden que la Justicia vuelva a examinar el fondo de la disputa.

La documentación disponible para esta primera publicación no comprende todavía la totalidad del expediente. Por ese motivo, las acusaciones y calificaciones jurídicas que aparecen en esta nota se presentan como declaraciones de las personas entrevistadas y no como conclusiones propias de La Fragata.

Una compra realizada en 1989

Según el relato de la familia, Nicolás Klikailo compró la propiedad a Vicente Aguilar en 1989. Allí se instaló junto con su esposa, Zulema Caballero, y sus hijos. Los entrevistados recuerdan que entonces la zona todavía conservaba características rurales y que Nicolás desarrolló actividades vinculadas con la yerba, la huerta y la cría de animales.

La familia afirma que existen vecinos, fotografías y otros registros capaces de acreditar su permanencia en el lugar. Raúl Nicolás contó que se crió en esa casa y que todo el vecindario conocía a su padre y sabía que la familia vivía allí.

En 1998, siempre de acuerdo con lo expuesto en la entrevista, Nicolás habría solicitado un informe de dominio con la intención de completar la transferencia del inmueble. Falleció en 1999 sin concluir la inscripción registral.

La operación de 2007 que cuestiona la defensa

El punto central del conflicto aparece en 2007. Mónica Sosa sostiene que Vicente Aguilar volvió a vender la propiedad cuando la familia Klikailo llevaba aproximadamente 18 años ocupándola.

La abogada identifica como comprador a Carlos Rubén Sánchez, a quien presenta como abogado de la localidad. En la entrevista, Sosa califica la operación como una “doble venta” y utiliza expresiones como “delito” y “estafa”. Esas palabras reproducen su planteo jurídico y no constituyen una determinación judicial formulada por este medio.

Sosa también cuestiona que el comprador pudiera desconocer la presencia de la familia. Su argumento se apoya en la ocupación visible del inmueble, el conocimiento de los vecinos y los vínculos que, según los entrevistados, existían dentro de la comunidad.

“¿Por qué nosotros tenemos que perder lo que es nuestro?”, pregunta Isabel Klikailo al recordar el esfuerzo de su padre para comprar la propiedad.

Una presencia familiar de más de tres décadas

Para los hijos de Nicolás Klikailo, el caso no se reduce a una discusión registral. La vivienda es el lugar donde crecieron, formaron sus propias familias y conservaron recuerdos de distintas generaciones.

Durante la entrevista mencionaron fotografías de cumpleaños, vecinos que podrían declarar y personas que habrían conocido directamente la compra original. También relataron que, después del fallecimiento de Nicolás, continuaron cuidando el terreno y las plantas que él había dejado.

Esa historia de vida es uno de los elementos que la defensa considera insuficientemente valorados dentro del proceso.

De una decisión favorable al recorrido por otras instancias

Mónica Sosa afirma que la familia obtuvo una decisión favorable en primera instancia. Según su reconstrucción, el resultado cambió en la segunda instancia y posteriormente el planteo llegó al Superior Tribunal de Justicia.

La abogada sostiene que dentro del máximo tribunal provincial hubo posiciones diferentes sobre la admisibilidad del recurso extraordinario: dos integrantes habrían considerado que correspondía tratarlo y tres se habrían pronunciado en sentido contrario.

Uno de los puntos discutidos fue el pago de una tasa judicial. Los entrevistados relatan que en 2018 abonaron inicialmente una suma cercana a los 9.000 pesos y luego regresaron al banco para completar la diferencia requerida. Sosa asegura que cuentan con una boleta que acredita el pago en término.

La defensa considera desproporcionado que una controversia formal de ese tipo pueda prevalecer sobre décadas de ocupación y sobre la discusión de fondo acerca de la propiedad.

La orden de desalojo y sus consecuencias

En 2023 se intentó ejecutar una nueva orden de desalojo. De acuerdo con la abogada, el procedimiento se detuvo temporalmente después de que una oficial de Justicia dejara constancia de que en el inmueble había menores y personas mayores.

La familia asegura que la posibilidad de perder la vivienda produjo ansiedad, ataques de pánico y temor entre los chicos cada vez que se presentaban funcionarios o efectivos policiales.

Para Sosa, la pregunta central sigue sin respuesta: cómo puede avanzarse con un mandamiento de desalojo sin revisar previamente una operación que ella considera irregular.

Cronología expuesta por los entrevistados

• 1989: Nicolás Klikailo habría comprado la propiedad a Vicente Aguilar.
• 1998: habría solicitado un informe de dominio para completar la transferencia.
• 1999: falleció sin concluir la inscripción registral.
• 2007: Aguilar habría realizado una nueva venta, cuestionada por la familia y su abogada.
• 2018: se produjo la controversia por el pago de la tasa judicial.
• 2023: se intentó ejecutar una orden de desalojo que fue detenida temporalmente.

Por qué decidieron hablar

Mónica Sosa explica que durante años mantuvo el conflicto dentro del ámbito judicial. Ahora decidió hacerlo público porque considera que el expediente no fue examinado en toda su dimensión y porque la familia enfrenta la posibilidad concreta de perder su vivienda.

La abogada pide que la sociedad conozca el caso y que las instituciones revisen tanto la documentación como el recorrido procesal. Isabel y Raúl Nicolás Klikailo, por su parte, reclaman que se valore la historia de su padre y la permanencia de la familia en el lugar.

Esta publicación constituye la primera parte de una investigación abierta. La Fragata continuará incorporando documentos y testimonios que permitan reconstruir el caso con mayor precisión.

Derecho a réplica

La Fragata mantiene abierto el derecho a réplica de Vicente Aguilar, Carlos Rubén Sánchez, los organismos judiciales mencionados y cualquier otra persona o institución involucrada. También recibirá documentación que permita confirmar, rectificar o ampliar la información presentada por los entrevistados.

Entrevista: Diego Sena
Producción: La Fragata
Participan: Mónica Sosa, Isabel Klikailo y Raúl Nicolás Klikailo.

Nota editorial: las expresiones “doble venta”, “estafa”, “delito” y “arbitrariedad” corresponden a las personas entrevistadas. La Fragata no las presenta como hechos judicialmente establecidos mientras no se disponga de una resolución firme y de la totalidad de la documentación pertinente.